La presente publicación quiere mostrar cómo la exclusión sistemática de la población indígena (y, en concreto, de las mujeres indígenas) de las instituciones democráticas en América Latina ha convertido el conflicto entre grupos étnicos en una variable crucial para la democratización de esos países. Aún más importante, se ha pospuesto la creación de un extenso tejido social democrático, fundado en la ley, en la diversidad cultural y en una amplia participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. La incorporación subordinada de estos actores ha renovado parcialmente la orientación y los contenidos de las políticas públicas, pero la inclusión y cohesión social dependerán del reconocimiento de la identidad y las
orientaciones públicas de dichas organizaciones. Solo la satisfacción de las demandas indígenas para incrementar su participación política, social y económica, junto al reconocimiento de la realidad multiétnica, conducirá a una democracia real y, en última instancia, a la estabilidad política.
